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 El Grifo del Plan Hidrológico Nacional (3 de 6)
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Problemas con Aragón

Pero para que el agua del río aragonés pudiera trasvasarse, primero había que almacenarla con nuevas presas en el Pirineo. Curiosamente, otra de las peticiones de aquella carta dirigida a la directora de presupuestos era la de dinero para construir embalses por motivos electorales, para favorecer así a sus aliados parlamentarios (entre los que estaba entonces el gobierno aragonés). Había que tenerlos contentos, dándoles los embalses del llamado Pacto del Agua, para que "tragasen" con el trasvase. Lo gracioso del tema es que estas obras son precisamente las que almacenarían el agua a trasvasar (aunque los aragoneses no debían enterarse y tenían que pensar que el agua de esas presas era para Aragón). La resistencia aragonesa al trasvase sería negativa, entre otros, para Iberdrola. Curiosamente las dos primeras "sociedades de aguas" constituidas bajo la férula de B.B. para agilizar la realización de obras fueron la del Ebro y, cómo no, la del Júcar.

El PP, que tanto denunció la corrupción felipista para llegar al poder, una vez en él se mostró olvidadizo. Porque el cerebro del Pacto del Agua, más allá de su apariencia institucional, fue Antonio Aragón. Tras dejar su cargo de consejero de Obras Públicas de Navarra (y sus andanzas con Roldán y Urralburu), pasó a ser presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro con la finalidad principal de embaucar a los grupos políticos aragoneses para que, aprovechándose del contexto de sequía de principios de los 90, auténtico estado de excepción que suspendía garantías legales, defendieran la necesidad de construir estos embalses. El PP no sólo no apoyó investigar su paso por la CHE, pese a que en ella seguía trabajando con constructoras que previamente le habían pagado comisiones (tampoco se investigó el presunto cobro de comisiones por el pantano de Itoiz), sino que apoyó el "Pacto de Antonio Aragón". ¿Pueden unos políticos decidir que unos embalses vayan a realizarse, sin que se haya estudiado antes su necesidad, sin trámites de información pública, sin cumplir sus trámites legales y sin debate social? A partir de ahí ha habido, como era de esperar, de todo. Desde presiones a técnicos para que den luz "verde" a las obras hasta una comprometidísima situación judicial en la que el propio B.B. y otras personas se vieron ante los Tribunales por prevaricación, falsedad documental, riesgo catastrófico, etc., por empeñarse en construir el embalse de Santaliestra (una de las tres principales obras del Pacto, junto con las de Yesa y Biscarrués), a pesar de los informes que alertan del riesgo de deslizamientos que amenaza la vida de miles de personas si se hace la presa. El que fuera su director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, ha sido acusado a su vez de haber prevaricado para acelerar la construcción del recrecimiento del embalse de Yesa, obra que ­al igual que la de Biscarrués­ fue adjudicada a la constructora ACS, constructora en la que fue fichado Escartín como director de contratación tras recibir las adjudicaciones. El recrecimiento de Yesa sería el mayor reservorio de agua para el trasvase. El mayor embalse del PHN.

Por cierto, el sucesor de Antonio Aragón en la presidencia de la CHE, Tomás Sancho, ha sido también acusado de beneficiar a una empresa a la que había estado ligado (BS Ingeniería) con contratos multimillonarios ligados a la dichosa obra del recrecimiento del embalse de Yesa.

Pese a esto y a otras muchas incontables cosas, el ministro Matas ha asegurado que, pese a quien pese ­¿la Justicia incluida?­, las obras del Pacto se harán. Llevar adelante un PHN con estos antecedentes, sin depurar los vicios con los que pueda haber nacido, quizá no está dentro de lo que se conoce como un Estado de Derecho. ¿Puede hacerse un plan sin aclarar si inversiones de billones de pesetas han sido tramadas para beneficiar a unos pocos más que pensando en el bien de todos?







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